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[pulguilla]

de Adif con licitaciones sin ejecutar

DAVINIA DELGADO / CÓRDOBA

Día 29/11/2014

En un contrato sobre seguridad en las vías en 2008, dejaba de actuar en tramos o inflaba las certificaciones para abonar una comisión del 4%



JUAN JOSÉ ÚBEDA

Enrique José Finch, tras declarar ante la jueza Alaya el pasado 13 de noviembre

La estrategia que servía de base a la ilícita trama «Enredadera», una presunta organización criminal dedicada a pagar comisiones (en total, 1,8 millones) a una veintena funcionarios y cargos públicos a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo, se basaba en los sobornos como hábito «cardinal y permanente» para articular el abono de cohechos y defraudar a la Administración. Así lo pone de manifiesto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada del sumario, al que ha tenido acceso ABC.

La operación ha supuesto la detención de una treintena de personas en más de una docena de provincias. En Córdoba, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a cinco presuntos implicados (todos ellos, en libertad con cargos): entre ellos, a Enrique José Finch Ramos, directivo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Córdoba [ente salpicado de lleno por el escándalo] y al que los investigadores acusan de haber cobrado un millón de euros en comisiones durante casi una década. También está encausado un mando intermedio de la empresa ferroviaria en la provincia, Luis M. R.. En 2007 y de 2009 a 2012, habría recibido, en concepto de dádivas, 22.904,20 euros, según los documentos que obran en poder de la juez Alaya.

Hasta tal punto se concebían las citadas «mordidas» como una práctica habitual en el entramado corrupto que los investigadores hallaron incluso el acta de una reunión de la dirección de la firma hispalense, celebrada el 11 de noviembre de 2008, en la que se acuerda la retribución a un funcionario de Adif del 4 por del importe de un contrato. El documento recoge claramente la forma de compensarlo por parte de la empresa: la no ejecución de los trabajos incluidos en el concierto público en determinados tramos. En pocas palabras, los funcionarios haríam la vista gorda para ahorrar a Fitonovo trabajos que por contrato debía elaborar. Los trabajadores de la empresa alertaban de que «tal vez sería conveniente por nuestra parte [Fitonovo] hacer algo en alguno de esos tramos para que no se vea tan clara la falta de tratamiento en ellos».

Según considera la magistrada en el voluminoso expediente, que consta de 21 tomos y más de 20.000 folios, el objetivo de estas comisiones era que Fitonovo se asegurase adjudicaciones de Adif; entre ellos, un macrocontrato en el año 2008 que consistía en «la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad», para lo cuál se acordó la realización de trabajos de desbroce de cunetas y taludes por el que recibió del Estado cerca de 19 millones de euros.

Los investigadores apuntan, además, que la mercantil sevillana pagaba tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de la empresa en las provincias donde actuaba con el fin de asegurarse los contratos.

La mayor «mordida» se la llevó precisamente el técnico Enrique José Finch, más de un millón de euros. Según el sumario, habría recibido dicha cantidad del también imputado Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo, «en concepto de dádivas y regalos por la conducta de favorecimiento de éste a la citada empresa en la contratación, elaboración de informes técnicos y en la ejecución de los contratos desde el 14 de octubre de 2003 hasta el 16 de junio de 2012».

Un millón y dos coches

«El pago al imputado señor Finch —recoge el expediente— se realizaría a través de la empresa Viveros San Rafael, cuyo consejero delegado sería Rafael E.Z. (también imputado) que cobraría el cohecho descrito». Esta empresa, según mantiene Alaya, emitiría una factura falsa a Fitonovo, que «realizaría el ingreso de dicha cantidad y posteriormente, al directivo de Adif, indiciariamente concertado con dicha empresa, se llevaría la base imponible de la referida factura, quedándose Viveros San Rafael el importe del IVA».

La «tajada» que, supuestamente, se llevó Finch fue mayor, ya que «habría adquirido de Fitonovo dos vehículos, un Volkswagen Golf y un Jeep Gran Cherokee, pagando la empresa los seguros de ambos coches durante varios semestres, cuando los mismos ya pertenecían al directivo y a su esposa».

Alaya considera que los hechos «podrían ser constitutivos de delitos continuados de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental y asociación ilícita»

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