Galerías de fotos
07-11-2014, 00:40
Cinco estaciones de tren aragonesas podrían quedar sin personal en el plazo de un mes
Javier Clavero. Zaragoza|06/11/2014 a las 06:00 3 Comentarios
Adif, a través de un plan de movilidad forzosa, pretende trasladar a los trabajadores de Caspe, La Puebla de Híjar, Luceni, Gallur y Ayerbe.
ETIQUETASTeruel provinciaAragónHuesca provinciaAdifZaragoza provincia

La estación de tren de La Puebla de Híjar.
Los trabajadores de las estaciones de tren de Caspe (tres), La puebla de Híjar (uno), Luceni (uno), Gallur (uno) y Ayerbe (uno) recibieron este martes, 4 de noviembre, la notificación de que en el plazo de un mes serán trasladados a otros municipios, debido al plan de movilidad forzosa planteado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que tiene como principal objetivo la reducción de gastos a partir del recorte de personal en aquellos puntos con menor afluencia de viajeros.
En total, siete empleados ferroviarios se verían afectados por este proceso de reubicación, quedando exentas de personal las cinco estaciones aragonesas mencionadas.
“Adif ha cumplido los plazos anunciados sin tener en cuenta las impugnaciones de los sindicatos, ni tampoco las mociones de defensapresentadas por la Diputación de Teruel, la Comarca del Bajo Martín o algunos de los ayuntamientos implicados”, lamenta uno de los trabajadores damnificados, señalando además que “el próximo día 17 de noviembre tendrá lugar un juicio entre la empresa y CC. OO., Sindicato de Circulación Ferroviario y Sindicato Ferroviario, agrupaciones que en su día decidieron denunciar la situación”.
En ese sentido, este mismo empleado añade que “en ningún momento se ha intentado pactar con el Comité de Empresa, teniendo en cuenta únicamente la opinión que llega desde Madrid y olvidando la repercusión que todo el proceso puede tener en Aragón”.
Una opinión que es compartida por los alcaldes de los municipios implicados, que consideran un “serio perjuicio” que las estaciones queden vacías.
Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar, segunda estación de la provincia de Teruel en número de viajeros, solo superada por la propia capital, asegura que “sustituir el personal por máquinas expendedoras podría afectar muy negativamente a las personas mayores, que no comprenden correctamente o tienen dificultades para utilizar el sistema electrónico, así como a las personas que tienen intención de adquirir cualquiera de los bonos disponibles, ya que se verían en la obligación de desplazarse a Zaragoza para hacerse con ellos”.
Para Bello, otra razón de peso es la coincidencia de este plan de movilidad forzosa con las obras de acondicionamiento de la Vía Verde de la Val de Zafán, que tiene a la localidad como punto de partida del tramado, y cuya finalización se prevé como un “gran reclamo turístico para la zona”, pudiéndose “incrementar considerablemente el ir y venir de viajeros".
Discrepancias en las Cortes
IU es uno de los partidos que más se ha implicado en frenar el proceso, al considerar que el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, está “desatendiendo por completo” las necesidades aragonesas. “A través del recorte de personal o de las modificaciones de los trayectos se está consiguiendo que al usuario le resulte menos atractivo viajar en tren, y que por lo tanto se reduzca el número de viajeros, razón a la que terminan aferrándose para decidir a su antojo”, explica Luis Ángel Romero, diputado de IU en las Cortes, señalando además que “el partido presentó proposiciones no de ley ante el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, con la intención de frenar las presiones que llegan desde Madrid”.
Romero, quien durante una reciente sesión plenaria de las Cortes no dudó en preguntar sobre la situación al consejero de Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, asegura que “desde la Comunidad no se planta cara al Gobierno central”, advirtiendo además que “no se está haciendo todo lo posible por evitar el desmantelamiento de estaciones previsto para diciembre y que condenará a las mismas a un futuro cierre".
Fernández de Alarcón, sin embargo, siempre ha sostenido que desde su departamento se considera "conveniente" que las estaciones en cuestión mantengan su personal. "Desde Aragón, defendemos firmemente los puestos de trabajo del área ferroviaria y creemos que los empleados de atención al viajero son muy importantes", señala el consejero, para terminar concluyendo que "existen conversaciones con Adif orientadas en ese sentido y se trabaja en la medida de lo posible para cumplir nuestro propósito".
De no llegar a un acuerdo, los desplazamientos en ferrocarril desde cinco nuevos puntos de la Comunidad quedarán, a partir de diciembre, únicamente a expensas de las últimas tecnologías.
Javier Clavero. Zaragoza|06/11/2014 a las 06:00 3 Comentarios
Adif, a través de un plan de movilidad forzosa, pretende trasladar a los trabajadores de Caspe, La Puebla de Híjar, Luceni, Gallur y Ayerbe.
ETIQUETASTeruel provinciaAragónHuesca provinciaAdifZaragoza provincia

La estación de tren de La Puebla de Híjar.
Los trabajadores de las estaciones de tren de Caspe (tres), La puebla de Híjar (uno), Luceni (uno), Gallur (uno) y Ayerbe (uno) recibieron este martes, 4 de noviembre, la notificación de que en el plazo de un mes serán trasladados a otros municipios, debido al plan de movilidad forzosa planteado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que tiene como principal objetivo la reducción de gastos a partir del recorte de personal en aquellos puntos con menor afluencia de viajeros.
En total, siete empleados ferroviarios se verían afectados por este proceso de reubicación, quedando exentas de personal las cinco estaciones aragonesas mencionadas.
“Adif ha cumplido los plazos anunciados sin tener en cuenta las impugnaciones de los sindicatos, ni tampoco las mociones de defensapresentadas por la Diputación de Teruel, la Comarca del Bajo Martín o algunos de los ayuntamientos implicados”, lamenta uno de los trabajadores damnificados, señalando además que “el próximo día 17 de noviembre tendrá lugar un juicio entre la empresa y CC. OO., Sindicato de Circulación Ferroviario y Sindicato Ferroviario, agrupaciones que en su día decidieron denunciar la situación”.
En ese sentido, este mismo empleado añade que “en ningún momento se ha intentado pactar con el Comité de Empresa, teniendo en cuenta únicamente la opinión que llega desde Madrid y olvidando la repercusión que todo el proceso puede tener en Aragón”.
Una opinión que es compartida por los alcaldes de los municipios implicados, que consideran un “serio perjuicio” que las estaciones queden vacías.
Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar, segunda estación de la provincia de Teruel en número de viajeros, solo superada por la propia capital, asegura que “sustituir el personal por máquinas expendedoras podría afectar muy negativamente a las personas mayores, que no comprenden correctamente o tienen dificultades para utilizar el sistema electrónico, así como a las personas que tienen intención de adquirir cualquiera de los bonos disponibles, ya que se verían en la obligación de desplazarse a Zaragoza para hacerse con ellos”.
Para Bello, otra razón de peso es la coincidencia de este plan de movilidad forzosa con las obras de acondicionamiento de la Vía Verde de la Val de Zafán, que tiene a la localidad como punto de partida del tramado, y cuya finalización se prevé como un “gran reclamo turístico para la zona”, pudiéndose “incrementar considerablemente el ir y venir de viajeros".
Discrepancias en las Cortes
IU es uno de los partidos que más se ha implicado en frenar el proceso, al considerar que el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, está “desatendiendo por completo” las necesidades aragonesas. “A través del recorte de personal o de las modificaciones de los trayectos se está consiguiendo que al usuario le resulte menos atractivo viajar en tren, y que por lo tanto se reduzca el número de viajeros, razón a la que terminan aferrándose para decidir a su antojo”, explica Luis Ángel Romero, diputado de IU en las Cortes, señalando además que “el partido presentó proposiciones no de ley ante el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel, con la intención de frenar las presiones que llegan desde Madrid”.
Romero, quien durante una reciente sesión plenaria de las Cortes no dudó en preguntar sobre la situación al consejero de Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, asegura que “desde la Comunidad no se planta cara al Gobierno central”, advirtiendo además que “no se está haciendo todo lo posible por evitar el desmantelamiento de estaciones previsto para diciembre y que condenará a las mismas a un futuro cierre".
Fernández de Alarcón, sin embargo, siempre ha sostenido que desde su departamento se considera "conveniente" que las estaciones en cuestión mantengan su personal. "Desde Aragón, defendemos firmemente los puestos de trabajo del área ferroviaria y creemos que los empleados de atención al viajero son muy importantes", señala el consejero, para terminar concluyendo que "existen conversaciones con Adif orientadas en ese sentido y se trabaja en la medida de lo posible para cumplir nuestro propósito".
De no llegar a un acuerdo, los desplazamientos en ferrocarril desde cinco nuevos puntos de la Comunidad quedarán, a partir de diciembre, únicamente a expensas de las últimas tecnologías.