29-10-2014, 23:23
nvestigan al director general de Adif por la malversación en el AVE en Barcelona
JAVIER OMSBarcelona
Actualizado: 29/10/2014 04:12 horas
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La investigación por la presunta malversación de fondos públicos en la construcción del AVE a su paso por Barcelona sigue avanzando. Casi seis meses después de que estallara el 'caso Yogui' por presunto fraude de 6 millones de euros públicos en las obras de la alta velocidad entre Madrid y la capital catalana, la juez que instruye el caso ha incorporado a la investigación al director general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio Gutiérrez Blanco, el cual ha declarado ya en condición de imputado ante la Guardia Civil. En el caso se encuentran imputadas otras diez personas -cuatro de ellas funcionarios de Adif y el resto empresarios- acusadas de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental.
Según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación y dos portavoces de Adif, el alto cargo del ente público -dependiente del Ministerio de Fomento- acudió a declarar acompañado de su abogado el pasado martes, 21 de octubre, a un acuartelamiento en Madrid de la Guardia Civil. El cuerpo militar le notificó su condición de imputado y recogió su declaración como tal en su papel de Policía Judicial, sin que se decretaran medidas cautelares contra él.
Las explicaciones del director general de Adif han sido ya trasladadas a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Sílvia López Mejía, quien mantiene bajo secreto de sumario un caso iniciado por la Fiscalía Anticorrupción y por el quese investiga si funcionarios de Adif aceptaron sobornos en forma de viajes de lujo a cambio de adjudicar parte de las obras del AVE en Barcelona y certificar trabajos inexistentes a la constructora Corsán entre 2008 y 2011. Unos sobrecostes por obras que los investigadores elevan hasta los 6 millones de euros que, supuestamente, habrían acabado en manos de directivos de la empresa adjudicataria.
Antonio Gutiérrez Blanco es el cargo de mayor rango del ente público relacionado con el caso. El 5 de mayo -día en el que la Guardia Civil realizó 11 registros de forma coordinada en las sedes de Adif, Corsán y en cinco domicilios particulares en Barcelona y Madrid- fueron detenidos otros cuatro trabajadores del gestor ferroviario. Entre ellos se encontraban Rafael Rodríguez, ex máximo responsable de Adif para la construcción de las obras en la línea nordeste de la alta velocidad -la que une Madrid, Zaragoza y Barcelona con la frontera francesa-; y Jaime García, su 'número 2', ex gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea. Tras su detención los cuatro funcionarios de Adif fueron suspendidos temporalmente por orden del Ministerio de Fomento. Adif no informó ayer a este diario sobre si se tomará alguna medida contra Gutiérrez y negó su condición de imputado policial al considerar que esta condición únicamente la puede dictar un magistrado. Asimismo limitaron su declaración ante la Guardia Civil «a hechos sucedidos antes de su llegada a Adif».
Según la investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, el sobrecoste para las arcas públicas del que se habría beneficiado la constructora correspondería, específicamente, al movimiento de tierras entre la estación de La Sagrera y el Nus de la Trinitat. Según las pesquisas espoleadas por Anticorrupción, los empresarios y los técnicos de Adif detenidos se habrían puesto de acuerdo paracertificar mediciones técnicas de tierra transportada mayores de las realmente trasladadas.
El 'caso Yogui' nace, precisamente, de la denuncia presentada por la empresa subcontratada por Corsán para realizar los movimientos de tierras. Un responsable de la subcontrata denunció que, entre otras situaciones irregulares, su empresa asumió el coste de viajes de lujo para directivos de Corsán. Sin embargo, finalmente quienes los disfrutaron fueron responsables de las obras de Adif
Un guardia civil ante las oficinas de Adif en La Sagrera el 5 de mayo, el día de las detenciones. TONI ALBIR EFE
JAVIER OMSBarcelona
Actualizado: 29/10/2014 04:12 horas
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La investigación por la presunta malversación de fondos públicos en la construcción del AVE a su paso por Barcelona sigue avanzando. Casi seis meses después de que estallara el 'caso Yogui' por presunto fraude de 6 millones de euros públicos en las obras de la alta velocidad entre Madrid y la capital catalana, la juez que instruye el caso ha incorporado a la investigación al director general del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Antonio Gutiérrez Blanco, el cual ha declarado ya en condición de imputado ante la Guardia Civil. En el caso se encuentran imputadas otras diez personas -cuatro de ellas funcionarios de Adif y el resto empresarios- acusadas de malversación de fondos públicos, cohecho y falsedad documental.
Según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la investigación y dos portavoces de Adif, el alto cargo del ente público -dependiente del Ministerio de Fomento- acudió a declarar acompañado de su abogado el pasado martes, 21 de octubre, a un acuartelamiento en Madrid de la Guardia Civil. El cuerpo militar le notificó su condición de imputado y recogió su declaración como tal en su papel de Policía Judicial, sin que se decretaran medidas cautelares contra él.
Las explicaciones del director general de Adif han sido ya trasladadas a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Sílvia López Mejía, quien mantiene bajo secreto de sumario un caso iniciado por la Fiscalía Anticorrupción y por el quese investiga si funcionarios de Adif aceptaron sobornos en forma de viajes de lujo a cambio de adjudicar parte de las obras del AVE en Barcelona y certificar trabajos inexistentes a la constructora Corsán entre 2008 y 2011. Unos sobrecostes por obras que los investigadores elevan hasta los 6 millones de euros que, supuestamente, habrían acabado en manos de directivos de la empresa adjudicataria.
Antonio Gutiérrez Blanco es el cargo de mayor rango del ente público relacionado con el caso. El 5 de mayo -día en el que la Guardia Civil realizó 11 registros de forma coordinada en las sedes de Adif, Corsán y en cinco domicilios particulares en Barcelona y Madrid- fueron detenidos otros cuatro trabajadores del gestor ferroviario. Entre ellos se encontraban Rafael Rodríguez, ex máximo responsable de Adif para la construcción de las obras en la línea nordeste de la alta velocidad -la que une Madrid, Zaragoza y Barcelona con la frontera francesa-; y Jaime García, su 'número 2', ex gerente de infraestructuras y jefe de obras de la misma línea. Tras su detención los cuatro funcionarios de Adif fueron suspendidos temporalmente por orden del Ministerio de Fomento. Adif no informó ayer a este diario sobre si se tomará alguna medida contra Gutiérrez y negó su condición de imputado policial al considerar que esta condición únicamente la puede dictar un magistrado. Asimismo limitaron su declaración ante la Guardia Civil «a hechos sucedidos antes de su llegada a Adif».
Según la investigación del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, el sobrecoste para las arcas públicas del que se habría beneficiado la constructora correspondería, específicamente, al movimiento de tierras entre la estación de La Sagrera y el Nus de la Trinitat. Según las pesquisas espoleadas por Anticorrupción, los empresarios y los técnicos de Adif detenidos se habrían puesto de acuerdo paracertificar mediciones técnicas de tierra transportada mayores de las realmente trasladadas.
El 'caso Yogui' nace, precisamente, de la denuncia presentada por la empresa subcontratada por Corsán para realizar los movimientos de tierras. Un responsable de la subcontrata denunció que, entre otras situaciones irregulares, su empresa asumió el coste de viajes de lujo para directivos de Corsán. Sin embargo, finalmente quienes los disfrutaron fueron responsables de las obras de Adif